En Klyo Abogados hemos asumido la defensa de un caso que refleja la dureza de la crisis de la vivienda en Aragón.

Una mujer, madre de dos hijas menores, víctima de violencia de género y embarazada, ha recibido orden de lanzamiento de la vivienda en la que reside.

Nuestra clienta, ha sido reconocida como persona en situación de vulnerabilidad por los Servicios Sociales de la DGA, lo que le permitiría acceder a una vivienda de alquiler social. Sin embargo, el Juzgado ha mantenido el lanzamiento. Tal y como explica nuestro letrado y compañero del despacho, que ha solicitado la suspensión del procedimiento al amparo de la normativa de protección de hogares vulnerables, se encuentra en estos momentos haciendo lo imposible.

Su defensa, en su último escrito redactado, se basa en artículo 2.2 del Real Decreto 29/2026, que entró en vigor el pasado día 8 de octubre y que suspende el procedimiento e impide el desalojo de personas vulnerables, sin alternativa habitacional, hasta que la Administración competente adopte las medidas oportunas y ofrezca esa vivienda alternativa.

En este caso, pese a los informes acreditativos, el reconocimiento de la DGA de la situación de vulnerabilidad, y la inminente maternidad de la Madre -cuyo alumbramiento se prevé para primeros de noviembre- el Juzgado no ha acordado la suspensión y, si no se remedia, el día 13 de noviembre será desahuciada sin lugar a dónde ir con un bebé de días.

En Klyo Abogados continuamos trabajando sin desmayo para frenar un desahucio que de ejecutarse en los términos señalados dejaría en la calle a una madre con dos menores y un bebé, con vulnerabilidad oficialmente reconocida.

Esa es la función de la abogacía:  valorar la norma, los informes y la humanidad en el mismo escrito.   Porque creemos en el valor de la justicia y escuchamos a las personas.

Seguiremos informando del resultado y las gestiones.