Sonia Segura, una vecina de Alagón (Zaragoza) de 36 años, se enfrenta al desahucio de la vivienda en la que reside junto a sus dos hijas de 17 y 9 años. Se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, ya que está en el paro y se prevé que dé a luz a su tercer hijo en el transcurso de una semana.

Los hechos y la situación legal actual se estructuran de la siguiente manera:

• Antecedentes de la vivienda: Sonia residía en el inmueble con su expareja, hijo de la actual propietaria. Esta convivencia terminó cuando él fue condenado por violencia de género, imponiéndosele una orden de alejamiento. Sonia continuó viviendo en la casa con sus hijas, nietas de la dueña.

• Procedimiento de desahucio: La dueña de la vivienda interpuso una demanda de desahucio por precario, ya que Sonia residía allí por autorización pero sin un contrato de alquiler. La sentencia falló a favor de la propietaria, ordenando el desalojo para el 13 de noviembre. Sonia afirma que intentó formalizar un arrendamiento, pero la dueña se negó.

• Paralización provisional: Javier Ferreira, abogado de Sonia, ha conseguido que el letrado de la Administración de Justicia suspenda de forma cautelar el lanzamiento. La defensa invoca el reciente Real Decreto-ley 29/2026, argumentando la falta de alternativa habitacional, la presencia de menores y el avanzado estado de gestación.

• Resolución pendiente: La suspensión aún no es definitiva. El juez debe tomar la decisión final mediante auto tras recibir las alegaciones de la parte demandante. En caso de que se retome el proceso y se rechace la suspensión, los trámites demorarían la nueva fecha de desalojo entre tres y cuatro meses.

• Alternativas institucionales: Ante esta situación y el agotamiento psicológico de Sonia, su defensa ha abierto vías de diálogo con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y otros órganos del Gobierno autonómico para buscar una alternativa habitacional viable, aunque todavía no hay una solución definitiva. El abogado subraya la necesidad de que las administraciones públicas asuman el reto de proveer recursos en estos casos de vulnerabilidad absoluta.